Ser influencer puede parecer, desde fuera, una profesión alejada de los tribunales. Vídeos, directos, Instagram, TikTok, campañas publicitarias y millones de seguidores. Pero cuando una persona convierte internet en su principal escaparate, también puede terminar enfrentándose a consecuencias legales por lo que publica, dice o hace.
En España existen varios casos de creadores de contenido que han recibido condenas judiciales, aunque no todos por los mismos motivos.
Y aquí conviene hacer una distinción importante: no es lo mismo estar investigado, recibir una multa administrativa, tener un conflicto con Hacienda o ser condenado por un tribunal.
Estos son algunos de los casos que han llegado más lejos.
Dalas Review: condenado por difamación
Uno de los casos más conocidos es el de Dalas Review, cuyo nombre es Daniel Santomé. El youtuber fue condenado por la Justicia por las expresiones que dirigió contra el padre de su expareja en diferentes vídeos publicados en internet. Santomé llegó a referirse a él como “maltratador” y “delincuente”, afirmaciones que terminaron provocando una batalla judicial.
La Audiencia Provincial de Barcelona condenó al creador a indemnizar a su exsuegro con 12.000 euros, además de obligarle a publicar la sentencia en su canal. El caso llegó posteriormente al Tribunal Supremo. En enero de 2025, el Supremo no admitió el recurso presentado por Dalas Review y la condena pasó a ser firme.
El caso resulta especialmente relevante porque demuestra que YouTube no constituye una especie de territorio sin consecuencias legales. Lo que se publica en un vídeo puede tener exactamente las mismas consecuencias jurídicas que unas declaraciones realizadas en cualquier otro medio.
Un youtuber condenado por delitos contra la integridad moral
Otro caso judicial especialmente llamativo aparece en una sentencia del Tribunal Supremo de 2022. El condenado aparece identificado en la resolución judicial como “Cirilo”, y había desarrollado su actividad principalmente a través de YouTube.
La sentencia de primera instancia lo condenó por un delito contra la integridad moral a 15 meses de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros. Además, se había establecido inicialmente una prohibición de acudir al lugar donde se había cometido el delito: YouTube.
Eso suponía el cierre de su canal durante cinco años y la prohibición de crear otros canales durante ese período. El asunto llegó al Tribunal Supremo porque se discutió precisamente la posibilidad de imponer una prohibición de utilizar una plataforma digital como parte de la pena.
El Supremo resolvió que esa prohibición podía aplicarse conforme al artículo 48 del Código Penal. Es un caso especialmente interesante por una razón: la plataforma utilizada para cometer el delito terminó formando parte de la propia discusión sobre la condena.
Un tiktoker condenado por enaltecimiento del terrorismo
En marzo de 2025, la Audiencia Nacional informó de otra condena relacionada con las redes sociales. En este caso se trataba de un hombre de 26 años, identificado como Said B., que había llegado a acumular cerca de 400.000 seguidores en TikTok.
Según los hechos probados de la sentencia, utilizaba diferentes redes sociales, principalmente TikTok, para publicar vídeos en los que justificaba y glorificaba acciones terroristas y realizaba llamamientos a la violencia yihadista.
La Audiencia Nacional le impuso dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo y otros seis meses por falsificación de documento oficial, en total dos años y medio de cárcel. La sentencia se produjo mediante conformidad entre las partes. Este caso se encuentra en una categoría completamente diferente de los anteriores por la gravedad de los delitos y por el contenido que motivó la condena.
Pero también demuestra algo importante: tener cientos de miles de seguidores no convierte las redes sociales en un espacio al margen del Código Penal.
¿Y El Rubius?
Aquí es donde conviene tener cuidado. El Rubius no debería aparecer en una lista de influencers condenados penalmente por sus problemas con Hacienda.
Su caso es diferente. La Audiencia Nacional determinó que había tributado incorrectamente determinados ingresos correspondientes a 2015 y 2016 a través de su sociedad SNOFOKK.
La Inspección consideraba que parte de los ingresos obtenidos por la sociedad debían imputarse al propio Rubius debido a la naturaleza personal de su actividad. Pero la misma resolución judicial estimó parcialmente sus argumentos respecto a la sanción y consideró que no se había acreditado la culpabilidad necesaria para imponerla.
Por tanto, decir simplemente que “El Rubius fue condenado por Hacienda” sería una simplificación incorrecta. Tuvo un importante conflicto tributario y una regularización fiscal, pero eso no equivale a una condena penal.
Ser investigado tampoco significa estar condenado
Esta distinción es especialmente importante en el mundo de los influencers. Cuando un creador aparece en los medios relacionado con un procedimiento judicial, rápidamente aparecen titulares hablando de “delito”, “condena” o incluso “estafa”.
Pero jurídicamente existen muchas situaciones diferentes.
Una persona puede estar:
- siendo investigada;
- acusada;
- pendiente de juicio;
- condenada en primera instancia;
- haber recurrido la sentencia;
- tener una sentencia firme;
- o haber sido finalmente absuelta.
Son situaciones completamente distintas. Por eso, una lista de “influencers condenados” debería incluir únicamente casos en los que exista una resolución judicial que permita afirmar realmente que hubo una condena.
¿Tener muchos seguidores aumenta la responsabilidad?
Legalmente, tener muchos seguidores no crea por sí mismo una categoría especial de responsabilidad.Pero desde el punto de vista práctico, la enorme capacidad de difusión de un influencer puede multiplicar las consecuencias de determinadas conductas. Una acusación que antes podía escuchar un pequeño grupo de personas ahora puede llegar a millones. Una campaña de acoso puede amplificarse. Una acusación falsa puede reproducirse miles de veces.
Y determinados contenidos pueden alcanzar una difusión que los propios creadores quizá no esperaban. Por eso, la frontera entre “hacer contenido” y asumir responsabilidades por ese contenido resulta cada vez más importante.
La fama no es una inmunidad
Los casos judiciales demuestran algo bastante sencillo. Tener millones de seguidores no convierte a nadie en intocable. Un creador puede ganar dinero con sus vídeos, conseguir contratos millonarios y acumular una enorme audiencia. Pero también puede responder ante los tribunales por sus actos.
La diferencia respecto a una persona anónima está muchas veces en el tamaño del escaparate. Y precisamente por eso las consecuencias pueden ser todavía más visibles.
No todos los escándalos terminan en condena
Este quizá sea el punto que más se olvida cuando se habla de influencers polémicos.
Una persona puede protagonizar un escándalo durante semanas y no ser condenada. Puede recibir una demanda que posteriormente no prospere. Puede tener una inspección de Hacienda sin que exista delito.
Puede ser investigada y posteriormente quedar fuera del procedimiento. Y también puede existir una sentencia condenatoria que después sea recurrida.
Por eso, una cosa es decir que un influencer ha tenido problemas judiciales y otra mucho más concreta afirmar que ha sido condenado.
Los casos que sí han terminado ante un tribunal
Los ejemplos anteriores muestran que las condenas pueden tener orígenes completamente diferentes.
Dalas Review fue condenado en un procedimiento por difamación y la sentencia terminó siendo firme tras el paso por el Supremo. El caso identificado judicialmente como “Cirilo” terminó con una condena por un delito contra la integridad moral y con una discusión posterior sobre la prohibición de utilizar YouTube.
Y Said B. recibió una condena de dos años y medio por enaltecimiento del terrorismo y falsificación documental. Son situaciones muy diferentes entre sí, pero todas tienen algo en común: el hecho de que el contenido se publique en internet no elimina la responsabilidad jurídica.
Y probablemente esta sea una de las lecciones más importantes para una generación de creadores que ha convertido las redes sociales en su profesión.
Porque una cámara, un móvil y millones de seguidores pueden generar muchísimo dinero. Pero también pueden dejar un registro permanente de todo lo que se hace y se dice.