Borja Iglesias ha decidido posicionarse públicamente sobre uno de los casos de vivienda que más indignación ha provocado en los últimos días: el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 71 años viviendo en su casa de Madrid.
El futbolista del Celta de Vigo compartió un contundente mensaje en sus redes sociales después de que se ejecutara el desalojo. Criticó la especulación inmobiliaria y defendió que el acceso a una vivienda digna es un problema que afecta a toda la sociedad.
Hasta ahí, el mensaje resulta claro. Pero cuando quien habla sobre vivienda y especulación tiene además una sociedad cuyo objeto social incluye precisamente la compraventa, el alquiler y la promoción de bienes inmobiliarios, aparece una pregunta incómoda. No necesariamente una acusación. Pero sí una contradicción que merece ser examinada.
Borja Iglesias se solidariza con Maricarmen
Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada el 23 de septiembre de 2026 de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas. El caso había provocado movilizaciones vecinales y la intervención de organismos públicos. El Ministerio de Vivienda pidió la suspensión del desalojo y el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda también cuestionó que se ejecutara el lanzamiento.
La vivienda había sido adquirida por Urbagestión Desarrollo e Inversión, una empresa dedicada a la gestión y promoción de activos inmobiliarios. Según la información publicada sobre el caso, la empresa consiguió finalmente ejecutar el desahucio después de varios intentos y de años de conflicto judicial.
En ese contexto, Borja Iglesias decidió pronunciarse. El futbolista escribió que lo sucedido con Maricarmen no era un caso puntual y relacionó el problema con la dificultad de acceder a una vivienda digna y con la especulación inmobiliaria.
También reconoció su propia situación privilegiada y aseguró sentirse «superafortunado» por su profesión y por su situación económica. Y añadió una frase especialmente significativa: «la gran mayoría estamos mucho más cerca del caso de Maricarmen que del otro lado».
Es un mensaje difícil de interpretar de otra manera: Iglesias se coloca públicamente del lado de quienes consideran que el mercado inmobiliario está expulsando a personas de sus viviendas. Y ahí es donde comienza la parte incómoda.
Borja Patrimonial: la sociedad que ha generado críticas
Borja Iglesias es socio único de Borja Patrimonial S.L., una sociedad constituida en 2019 cuyo objeto social incluye actividades deportivas, gestión de instalaciones deportivas y también compraventa, alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia y promoción inmobiliaria.
Ese dato es público y consta en los registros mercantiles. Y ha sido precisamente lo que ha provocado críticas hacia el futbolista después de sus declaraciones sobre el caso de Maricarmen.
La cuestión, sin embargo, requiere una precisión importante. Que una sociedad tenga esas actividades incluidas en su objeto social no significa automáticamente que las esté realizando. De hecho, Maldita.es señala que no ha podido verificar de manera independiente que Borja Patrimonial esté llevando a cabo actualmente esas actividades inmobiliarias.
Además, el entorno de Iglesias aseguró a Newtral que el futbolista no tiene viviendas en alquiler ni obtiene ingresos procedentes del alquiler de viviendas, aunque sí tendría otros activos inmobiliarios, como bajos destinados a oficinas o supermercados y participaciones en algunos hoteles.
Por tanto, afirmar que Borja Iglesias es un especulador inmobiliario sería ir más allá de lo que permiten los datos disponibles. Pero eso tampoco elimina el debate.
La pregunta que queda encima de la mesa
Porque una cosa es lo que legalmente puede hacer una sociedad y otra lo que efectivamente hace. Y otra diferente es el mensaje político o social que transmite una persona cuando habla públicamente contra la especulación inmobiliaria. Ahí está el verdadero debate.
Iglesias tiene todo el derecho a defender que una persona mayor no debería quedarse sin vivienda.
También es perfectamente legítimo que critique un mercado inmobiliario que considera injusto.
Pero cuando su propia sociedad contempla entre sus actividades la compraventa, el alquiler y la promoción inmobiliaria, es comprensible que algunas personas se pregunten dónde termina la defensa del derecho a la vivienda y dónde empieza la actividad económica.
No porque ambas cosas sean necesariamente incompatibles. Sino porque el discurso sobre la vivienda tiene una carga especial cuando quien lo pronuncia participa, directa o indirectamente, en estructuras patrimoniales relacionadas con el sector inmobiliario.
Él mismo ha respondido a las críticas
Las críticas no han pasado desapercibidas para el futbolista. Después de que algunos usuarios relacionaran su nombre con Borja Patrimonial y con la especulación inmobiliaria, Iglesias respondió públicamente. Explicó que tiene el 50% de un piso en Madrid y que el otro 50% pertenece a novia María, que vive y trabaja allí.
Su argumento fue que incluso alguien con ingresos elevados puede tener dificultades para comprar una vivienda en Madrid y que precisamente ese es uno de los problemas que denuncia. Es una respuesta que desplaza el debate hacia otra cuestión interesante: el problema de la vivienda no desaparece porque una persona tenga mucho dinero.
Pero tampoco significa que todas las personas con patrimonio inmobiliario estén participando en la especulación. Son dos cuestiones diferentes.
La diferencia entre tener patrimonio y especular
Aquí conviene no mezclar conceptos. Tener una empresa cuyo objeto social incluye actividades inmobiliarias no convierte automáticamente a su propietario en especulador.
Tener una vivienda tampoco. Comprar un local, participar en un hotel o tener una sociedad patrimonial no es lo mismo que acumular viviendas para retirarlas del mercado, subir artificialmente los precios o expulsar a inquilinos para obtener una mayor rentabilidad.
Para poder hablar de especulación inmobiliaria en un caso concreto harían falta datos sobre qué propiedades existen, cómo se utilizan, qué operaciones se realizan y qué rentabilidades se obtienen.
En el caso de Borja Iglesias, esa información no está suficientemente acreditada públicamente como para realizar esa acusación. Y precisamente por eso la crítica más interesante no necesita inventar nada.
La contradicción está en el discurso
Lo que sí resulta legítimo cuestionar es la comodidad de determinados discursos públicos. Un futbolista de élite tiene una capacidad económica y una exposición mediática muy superiores a las de la mayoría de las personas que sufren los problemas de acceso a la vivienda.
Iglesias lo reconoce. Pero cuando además se conoce la existencia de una sociedad patrimonial con un objeto social que incluye actividades inmobiliarias, el discurso deja de ser tan sencillo.
No porque Iglesias no pueda defender el derecho a la vivienda. Puede hacerlo. Y tampoco porque tener una sociedad patrimonial sea incompatible con defender una vivienda asequible. No lo es.
La cuestión es otra: ¿qué modelo inmobiliario considera aceptable alguien que tiene capacidad para invertir en inmuebles mientras denuncia públicamente la especulación? Esa es una pregunta mucho más incómoda que llamarlo directamente hipócrita. Y también mucho más difícil de responder con un simple mensaje en redes sociales.
Maricarmen es el verdadero centro del debate
Mientras las redes discuten sobre Borja Iglesias, lo fundamental sigue siendo el caso que provocó su reacción. Maricarmen tiene 87 años y había vivido durante 71 años en la misma vivienda. Según las informaciones publicadas sobre el caso, el alquiler que pagaba pasó de 500 euros a una pretensión de 2.650 euros mensuales, una cantidad muy superior a su pensión de unos 1.350 euros.
Finalmente, después de varios intentos, el desahucio se ejecutó. La polémica ha llegado incluso a Naciones Unidas, cuyo relator sobre vivienda cuestionó que se llevara a cabo el desalojo pese a las medidas cautelares solicitadas.
Ese es el problema real. No si un futbolista publica un mensaje más o menos contundente. No si una sociedad tiene un determinado objeto social. Sino que una persona de 87 años pueda terminar fuera de la vivienda en la que ha pasado prácticamente toda su vida.
Solidaridad sí, pero también coherencia
Borja Iglesias ha hecho algo que no todos los futbolistas hacen: utilizar su enorme visibilidad para hablar de un problema social. Eso merece ser reconocido como un hecho.
Pero precisamente porque tiene una plataforma tan grande, también es razonable exigir que sus propias circunstancias sean sometidas al mismo escrutinio que las de cualquier otra persona que habla de vivienda. La solidaridad no debería estar reñida con las preguntas incómodas.
Y una sociedad cuyo objeto social incluye el negocio inmobiliario no convierte automáticamente a su propietario en especulador, pero sí hace inevitable que sus declaraciones sobre la vivienda sean examinadas con mayor atención.
Al final, la cuestión no es si Borja Iglesias puede solidarizarse con Maricarmen. Por supuesto que puede. La cuestión es si quienes tienen patrimonio, sociedades e intereses económicos relacionados con el sector inmobiliario están dispuestos a aplicar a sus propias inversiones los mismos principios que defienden cuando hablan públicamente de vivienda.
Ahí es donde empieza el debate verdaderamente interesante.